EL PERIODISMO Y LOS HECHOS

               








Anoche, a eso de las 21:12, la presentadora de Teleberri-2, el informativo nocturno de Euskal Telebista, abrió un bloque informativo en el que se daba cuenta de que el Gobierno vasco reconocerá a las primeras víctimas de motivación política en Euskadi, entre 1960 y 1978. la Comisión creada para valorar estos casos

"ha reconocido hasta ahora a ocho víctimas fallecidas a manos de las Fuerzas de Seguridad. Víctimas como Txiki y Otaegi, fusiladas sin derecho a juicio..."

El periodista Jon Asla abundaba en la locución, que arrancaba así:

"Txiki y Otaegi, fusilados sin juicio en los últimos coletazos del franquismo, serán reconocidos como víctimas por el Gobierno vasco."

Las metáforas las carga el diablo. La comisión dictaminó que a Txiki y Otaegi no se les respetó su derecho a un juicio justo. Ucronía se llama esta figura. En la dictadura franquista no se tenía derecho a un juicio justo, como no se tenía derecho a voto.
Eso no quiere decir que todos los juicios fueran injustos. Pero de ahí a "fueron fusilados sin juicio" hay un trecho que la televisión pública vasca ha recorrido en un par de frases desdichadas. De hecho, en los consejos de guerra que condenaron a muerte a José Antonio Garmendia Artola y Angel Otaegi Etxebarria, el 28 de agosto de 1975, y a Juan Paredes Manot, el 19 de septiembre del mismo año, se recurrió a un Decreto Ley sobre Prevención del Terrorismo aprobado dos días antes del consejo de guerra contra Garmendia y Otegi, el 26 de agosto de 1975, en el que se recogían los contenidos básicos del Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo de 1960, que había sido derogado en 1971. En diciembre de 1989 nos fue dado ver televisión el juicio los Ceaucescu. Aquello ni siquiera mantenía las apariencias de un simulacro, pero los periodistas de ETB se equivocarían si dijeran que les fue aplicada la ley de fugas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo dejaba ayer una consideración muy razonable en Twitter:

"Si Otaegi y Txiki, anteriores a la amnistía de 1977, serán indemnizados. ¿Lo serán también las víctimas de ETA cuyos delitos han prescrito?"

Cabe preguntarse si los familiares de  las víctimas de ambos, el cabo de la Policía Armada Ovidio Díaz y el sargento de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón, han sido indemnizadas con 135.000 euros o la cantidad equivalente de pesetas en su día. El Estado pide perdón a los terroristas, sin que estos, ni su brazo político, ni sus correligionarios que hoy tienen mando en las instituciones hayan pedido perdón alguno por los 858 y ETB atribuye al Estado, aun al franquista, el comportamiento que no le reprocha a la banda terrorista. esto es un paso más en 'la hoja de ruta'. El desarme, o sea, la disolución de ETA y la expulsión de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.